Google podría estar enfrentando en Europa una fuerte sanción económica, de confirmarse que en acuerdos con fabricantes de dispositivos móviles y operadores, los obligó a la instalación exclusiva de sus aplicaciones.
Este señalamiento se suma a trascendidos de la prensa internacional, que ven posible una sanción económica estimada en el 10 por ciento de los ingresos globales de la compañía tecnológica, sin especificar el periodo de tiempo a considerarse para la aplicación de esta multa, por presuntas actividades anticompetitivas en la región europea.
Margrethe Vestager es la comisaria de competencia de la Comisión Europea, quien el lunes pasado ofreció un discurso en el que afirmó que la línea de investigación avanzó sobre la posibilidad de que Google “solicitó” a los fabricantes de dispositivos móviles y operadores, precargar sus aplicaciones, en vez de dejarlos decidir por la utilización de apps diferentes.
Entre las demandas que supuestamente se han integrado en la investigación en contra de Google, están la realizada por la tienda portuguesa de apps Aptoide o el buscador ruso Yandex.
En ambos casos de las demandas presentadas por estos desarrolladores, señalan que no pueden competir contra la compañía dueña de Android, porque los fabricantes de equipos tienen que preinstalar las aplicaciones o el buscador ofrecidos por el software móvil.
Datos que ayudan a medir el posible control que tiene Android en el mercado, es que registra una participación de 81.61 por ciento dentro de los sistemas operativos para smartphones, de acuerdo a la firma Gartner, seguido en un 15.89 por ciento que es dominado por el sistema iOS.
Las compañías tecnológicas han estado en diversas ocasiones frente a autoridades, porque sus desarrollos no se ajustan a las regulaciones impuestas por diversos países como Estados Unidos o España.
El caso más reciente fue el protagonizado por Apple contra las autoridades estadounidenses, quienes buscaron sentar un precedente legal, al obligar a esta compañía a acceder a un iPhone bloqueado y que formaba parte de una investigación antiterrorista.
Al margen de este ejemplo, existen casos en que las compañías tecnológicas han tenido que acatar imposiciones regulatorias, tal como ocurrió a Google, cuando en España tuvo que cerrar su buscador de noticias, al estar obligado con una nueva regulación en propiedad intelectual, a pagar por el uso de noticias para indexarlas.
Con base en esto es posible hablar de que las compañías tendrán que considerar en sus desarrollos y experiencia que ofrecen a los usuarios a través de sus servicios, las normativas en competencia económica y legal que actualmente exigen países, como una nueva tendencia que dominará en el mercado.
