Barcelona (España).- La guerra entre el Ayuntamiento de Barcelona y la plataforma de pisos de alquiler vacacional Airbnb parece que está llegando a la paz y es que, tras la reunión que mantuvo el Ayuntamiento de la Ciudad Condal con los responsables de Airbnb el pasado 12 de julio, la plataforma ha decidido eliminar de su página web 1.036 pisos sin licencia. Los pisos, formaban parte del listado que el Ayuntamiento entregó a Airbnb tras manifestar su voluntad de cumplir con la normativa.

En dicha reunión, la alcadesa de la ciudad, Ada Colau expresó sobre Airbnb que “ahora falta que cumplan” y, según fuentes municipales, se trabajaba para “encontrar los mecanismos que permitan retirar de forma rápida cualquier piso sin licencia” y fue, desde ese momento, cuando el Ayuntamiento quedó como vigilante de que en la web solo se ofrecieran aquellos alojamientos que cuentan con licencia turística y que se indique el número de registro junto al anuncio.

Fue ya en julio de 2016 cuando el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha el plan de choque para la lucha contra el alojamiento turístico ilegal en plataformas como Airbnb. Desde esa fecha, el Ayuntamiento catalán ha impuesto 6.197 expedientes disciplinarios, de los cuales, 3.473 son sancionadores y también se han dictado 2.332 órdenes de cese a pisos que no contaban con licencia.

Además, para frenar el alquiler de pisos vacacionales ilegales en Airbnb (y otras plataformas), el Ayuntamiento creó una página web específica donde se puede consultar las direcciones de pisos con licencia e informar al Consistorio en caso de posibles irregularidades. A través de este canal, se han recibido 3.059 quejas y también se han recibido 1.116 llamadas a los teléfonos gratuitos habilitados para ello.

Junto a estas medidas, el Ayuntamiento de Barcelona ha aumentado el equipo de 150 inspectores y visualizadores que siguen la pista a los posibles alojamientos turísticos sin licencia.

Lo que está claro es que el Ayuntamiento de Barcelona, por el momento, le ha ganado la batalla a Airbnb. Las multas para alojamientos que operan sin licencia llegan hasta los 60 mil euros y en el caso de reiteración, la sanción puede aumentar hasta los 600 mil euros, como le ha ocurrido a Airbnb.
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