Internacional.- La Comisión Europea decidió reclamar este martes a la multinacional estadounidense Apple que devuelva 13.000 millones de euros (US$ 14.500) por ventajas fiscales recibidas en Irlanda.
Atraer inversiones a costa de resignar impuestos es una estrategia que utilizan gobiernos de todo el planeta. Sin embargo, cuando esos beneficios son de la magnitud de lo ocurrido en Irlanda, hay consecuencias.
Una investigación iniciada en 2014 en Europa resolvió que existió en Irlanda una “catarata” de ayudas públicas ilegales a favor de Apple, por lo que esta deberá devolver al fisco irlandés 14.500 millones de dólares.
La magnitud de la deuda es tal, que #AppleTax se hizo tendencia en las redes.
La Comisión Europea concluyó que Irlanda concedió le dio ventajas para que Apple pagara “sustancialmente menos” impuestos que otras empresas, un trato “selectivo” que, según Bruselas, otorgó una “ventaja significativa” a la dueña de los derechos del iPhone (que, por cierto, se presenta este 7 de septiembre).
La resolución, que se conoció este martes, parece hecha a propósito y como una forma de provocar a Estados Unidos, ya que llega justo después de que el Tesoro de ese país acusara a la Unión Europea de actuar como una autoridad fiscal supranacional, a raíz de investigaciones paralelas iniciadas contra multinacionales como Apple, Fiat y Starbucks. Ver La UE podría aplicar la multa millonaria a Google este mismo año
2003-2014: el período en el que Apple (e Irlanda) incurrieron en esta irregularidad.
Las normas de la UE impiden a los estados miembros conceder beneficios fiscales a empresas seleccionadas. O es para todos o no son para nadie.
#ULTIMAHORA: Apple deberá devolver más de 13.000 millones de euros a Irlanda por exención fiscal ilegal, dice la UE
— AP Noticias (@AP_Noticias) 30 de agosto de 2016
El monto que deba pagar Apple es 40 veces mayor que cualquier otro que la Comisión Europea haya impuesto a una empresa por problemas similares, calculó Reuters.
El Gobierno de Irlanda (que ya dijo que está en un “profundo desacuerdo” con la decisión) cuenta con un plazo de dos meses y 10 días para presentar su apelación a la Comisión Europea.
